En un nuevo artículo publicado en elEconomista, nuestra socia Carolina González De la Fuente y nuestra abogada Ana Navazo Peña analizan la reciente STS 571/2025 y el cambio de criterio que introduce el Tribunal Supremo en materia de operaciones de pago no autorizadas.
El artículo examina el alcance de la protección del usuario frente al fraude bancario, la carga de la prueba en estos procedimientos, los límites de la negligencia grave y el deber de diligencia exigible a las entidades financieras en un entorno digital cada vez más complejo.
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