Compliance

La modificación del Código Penal de 1995 que ha operado la Ley Orgánica 1/2015 ha supuesto para las sociedades la necesidad de contar con un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

De esta manera, el Código Penal impone la autorregulación de las Personas Jurídicas a los efectos indicados. Autorregulación que, hoy en día, se condiciona por los poderes públicos al objeto de posibilitarla, fomentarla y establecer su desarrollo.

En este contexto, cobran eficacia los programas de compliance o de cumplimiento normativo en el ámbito Penal que actúan como Modelos de Prevención de la comisión de delitos de los que pueda ser responsable la persona jurídica.

De esta manera, el cumplimento normativo está orientado a la implantación de una serie de normas de comportamiento, procedimientos de gestión y mecanismos de control de ámbito interno en las personas jurídicas al objeto de que se adapten a las exigencias éticas y legales mediante la minoración o eliminación de riesgos penales.

De esta manera el cumplimiento normativo, de conformidad con las disposiciones del Código Penal supone el único método que garantiza que la responsabilidad penal de la Persona Jurídica quede eliminada o minorada, al suponer un Modelo de Prevención que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En Ius+Aequitas Abogados contamos con el bagaje necesario y la preparación formativa adecuada para ofrecer a las empresas un servicio integral de prevención de riesgos laborales que elimine o minore la responsabilidad penal que le fuere exigida.

Y ello a través de los tres elementales componentes que todo modelo de prevención debe contener:

  • Un módulo de prevención, en la que se analizan los riesgos que puedan conllevar responsabilidad penal para la persona jurídica, orientado al estudio del funcionamiento interno de las distintas áreas de la persona jurídica susceptibles de soportar riesgos penales.
  • Un módulo de detección, orientado a la localización de la materialización o próxima materialización de un riesgo penal, y
  • Un módulo de respuesta, prevista en el modelo de prevención penal para el supuesto de que concurra el riesgo, y, que en todo caso, deberá articularse en protocolos y procedimientos de inmediata puesta en funcionamiento.

Todo ello contenido en el pertinente documento de obligado cumplimiento que de manera sistemática será adaptado a las variaciones que, en sus procedimientos, experimente la persona jurídica y unido a la labor formativa necesaria de los administradores, directivos y empleados de la empresa


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